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Eligen nuevos cuadros directivos en las comisiones de la Cámara

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Las nuevas mesas directivas están integradas principalmente por partidos de la Unidad Nacional. Consuelo González fue nombrada secretaría de la Comisión Cuarta.
Con la instalación y conformación de los cuadros directivos de las comisiones constitucionales y legales por parte del presidente de la Corporación, Fabio Amín, arrancó formalmente el proceso legislativo y de control político en la Cámara de Representantes para el primer periodo constitucional 2014 – 2015.

En la Comisión Primera el representante del Partido de la U Jaime Buenahora Cordero fue elegido presidente y como vicepresidente el congresista liberal del Norte de Santander José Neftalí Santos y para la secretaria general la ingeniera de sistemas Amparo Calderón. El huilense Álvaro Hernán Prada Artunduaga hace parte de esta comisión dedicada a asuntos constitucionales.

La Comisión Segunda quedó integrado por el liberal de Arauca Pedro de Jesús Orjuela Gómez en la presidencia, Alirio Uribe Muñoz del Polo Democrático por Bogotá, vicepresidente y secretario general Benjamín Niño Flórez.

En la presidencia de la Comisión Tercera fue escogido el representante del Partido de la U Raimundo Elías Méndez Bechara, con la vicepresidencia de la ingeniera industrial liberal por Bogotá Olga Lucía Velásquez Nieto y en la Secretaría General la abogada Elizabeth Martínez.

En la Comisión Cuarta quedó como presidente el representante liberal por Antioquia John Jairo Roldán y vicepresidente Luis Horacio Gallón Arango conservador también por Antioquia y la secretaría de Consuelo González de Perdomo, exrepresentante a la Cámara por el Huila.

En la Quinta, Agro, Mar y Ambiente, el nuevo presidente es el representante liberal por el Vichada Marco Sergio Rodríguez Merchán, vicepresidente la congresista del Partido de la U Nery Oros Ortiz y secretario general David Bettin. Flora Perdomo Andrade integra esta comisión, como también hace parte de la Comisión de la Mujer.

En la Sexta, de Transportes y Comunicaciones, el conservador por el Cesar Alfredo Ape Cuello fue elegido presidente, Martha Patricia Villalba del partido de la U como vicepresidente y Jair Ebrat Díaz secretario general. Los huilenses Jaime Felipe Lozada y Ana María Rincón participan de esta comisión como también de la de Derechos Humanos. Rincón hace parte de la de la Mujer.

En la Séptima, el presidente es el representante del Partido de la U por Risaralda Didier Burgos, vicepresidente Argenys Velásquez Ramírez y secretario general Víctor Raúl Yepes.

Igualmente la Comisión de Acusaciones quedó integrada por el liberal Julián Bedoya como presidente, Berner Zambrano del Partido de la U, vicepresidente y secretario general el abogado Juan Pablo Duque.

En la Legal de Cuentas el representante por el Partido de la U por Boyacá Cristobal Rodríguez como presidente, vicepresidente Diego Patiño Amariles, y en la secretaría el abogado Jaime Sepúlveda.

En la Comisión de Ética fue escogido como presidente el congresista del Partido de la U Jorge Eliécer Tamayo, vicepresidente Óscar de Jesús Hurtado, liberar por el Amazonas y secretaria general María Teresa Gómez Azuero.

Finalmente la Comisión de Ordenamiento Territorial quedo integrada por el representante del Partido de la U Hernán Penagos como presidente, Jack Housni Jaller vicepresidente liberal y Esmeralda Sarria secretaria general.

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Superindustria condena a aerolínea por desconocer derecho de retracto

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La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (Superindustria) condenó judicialmente a Avianca S. A. por infringir los derechos de un consumidor a quien se le negó el ejercicio del derecho de retracto, consagrado en el artículo 47 de la Ley 1480 del 2011 (Estatuto del Consumidor). Sigue leyendo

Exequible equiparación de contratistas y contratantes en regulación de accidentes de trabajo

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En la regulación de los accidentes de trabajo, la equiparación de las personas que tienen contrato laboral con las que carecen de él se limita a ese campo y no supone una paridad absoluta entre los contratistas independientes y los trabajadores subordinados.

Por esta razón, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 3º (parcial) de la Ley 1564 del 2012, que reconoce a “contratista” y “contratante” como beneficiarios de la protección contra los riesgos laborales.

La corporación precisó que la ampliación de la cobertura garantiza el acceso de un mayor número de personas a la protección por las contingencias que su labor les pueda ocasionar, sin distinguir la forma de vinculación contractual.

Por esa razón, el trato igual dado a los trabajadores dependientes y a los contratistas independientes en materia de cubrimiento de riesgos labores está plenamente justificado.

Según los demandantes, la norma acusada violaba la especial protección del derecho al trabajo contenida en el artículo 25 de la Constitución, y trasgredía la jurisprudencia de la Corte Constitucional que estableció las diferencias entre la protección del trabajo subordinado y el independiente.

El magistrado Luis Ernesto Vargas salvó el voto, por considerar que ninguno de los planteamientos de la demanda reunía los requisitos para activar el control de constitucionalidad. Por su parte, los magistrados María Victoria Calle y Alberto Rojas anunciaron la presentación de aclaraciones de voto.

Unifican jurisprudencia sobre forma de probar derecho real de dominio en procesos contenciosos

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El Consejo de Estado unificó jurisprudencia en relación con la forma de probar el derecho real de dominio sobre bienes inmuebles dentro de los procesos que cursan en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Al respecto, señaló que para acreditar los derechos reales sobre bienes inmuebles, según la jurisprudencia actual de la Sección Tercera, se requiere aportar los requisitos que disponga la ley para este efecto, es decir, el título (escritura pública) y modo (inscripción el título en la oficina de registro de instrumentos públicos), en la forma que exija el ordenamiento (art. 656 del Código Civil). Si no se acredita alguno de los elementos enunciados, se entenderá que la propiedad no se encuentra probada, advirtió.

Luego de un análisis profundo de los antecedentes, características, finalidad y alcance del sistema de registro inmobiliario en Colombia, el Consejo de Estado llegó a una conclusión distinta de la sostenida actualmente por la jurisprudencia.

En su opinión, solo el aporte del certificado expedido por el registrador de instrumentos públicos es suficiente para acreditar la propiedad sobre el bien inmueble objeto de debate, para efectos de la legitimación en la causa por activa, tratándose de procesos que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, advirtió.

En el caso analizado, se declaró la responsabilidad extracontractual del Estado por la omisión derivada de la extorsión y destrucción de un bien inmueble.

Según la sentencia, se probó que los insurgentes pertenecientes al frente José María Becerra del ELN incursionaron en una finca, detonaron varias cargas explosivas ocasionando la destrucción total de la propiedad y dejaron el lugar dejaron varios panfletos en los que se indicó que el ataque fue una retaliación contra la familia por haber acudido a las autoridades a denunciar.

En ese contexto, precisó que la administración debe responder patrimonialmente a título de falla en el servicio por omisión en el deber de prestar seguridad y protección especial.

Los magistrados Olga Mélida Valle, Ramiro Pazos y Enrique Gil aclararon el voto. Por su parte, Stella Conto presentó salvamento parcial de voto.

No ejecutar contrato por mutuo acuerdo entre las partes diluye inhabilidad para ser elegido

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Si un candidato a concejal celebra un contrato con la autoridad civil que aspira a representar dentro de los 12 meses anteriores a la elección, pero las partes deciden no ejecutarlo, se diluye el factor inhabilitante, aclaró el Consejo de Estado.

Por lo tanto, aunque el artículo 43 de la Ley 136 de 1994 limite la celebración de tales contratos, no habrá lugar a decretar la nulidad del acto de elección, si se demuestra el consenso entre las partes para no ejecutar lo acordado.

A juicio del alto tribunal, esta actuación de las partes supone retrotraerse a la situación vigente antes de la celebración del convenio, es decir, al momento en que no se había producido.

Esto, explica la sentencia, “trae como consecuencia su invalidación; que se ‘deshace’ lo firmado; que las obligaciones quedan ‘extinguidas’; que se ‘desanudan’ los vínculos jurídicos; que se ‘revoque’, ‘disuelva’ e ‘invalide’ la disposición de intereses”.

Dicha postura, contraria a la hasta ahora predominante en la Sección Quinta, se sustenta en el artículo 1602 del Código Civil, que se refiere al mutuo consenso como lo única manera para invalidar el contrato. Además, el artículo 1625 del mismo código permite que se extingan las obligaciones asumidas por las partes, a través de una convención válidamente firmada por estas.

Lo anterior “significa que el contrato puede ser invalidado por mutuo consentimiento, también conocido por la doctrina como mutuo disenso, distracto contractual o resciliación, válidamente manifestado por las partes actoras en una relación de índole obligacional”, sostuvo el alto tribunal.

Esta es la evolución jurisprudencial de la justa causa de despido por reconocimiento pensional

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La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia reiteró que la causal de despido por reconocimiento pensional, prevista en el numeral 14 del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, no puede ser interpretada como justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del empleador.

La corporación explicó que esta norma no está vigente en los mismos términos en los que se expidió, pues fue modificada por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 19 del Decreto 692 de 1994.

En este sentido, recordó cuál ha sido la evolución jurisprudencial sobre la justa causa de despido consistente en el reconocimiento de la pensión, contenida en el numeral 14 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.

Antes de la Ley 100, la Sala sostenía que el empleador podía dar por terminado el contrato de trabajo cuando, estando el trabajador al servicio de la empresa, se le hubiera reconocido la pensión. Esto implicaba que se tuviera la seguridad de que podía percibir su mesada desde el día siguiente a su desvinculación.

Posteriormente, a la luz del parágrafo 3º del artículo 33 de la Ley 100, señaló que el afiliado podía seguir laborando y cotizando cinco años más, luego de reunir los requisitos para la pensión de vejez. Además, determinó que, para hacer uso de esta causal, el empleador debía consultar previamente al trabajador si era su voluntad pensionarse o prefería seguir vinculado laboralmente y cotizando por el tiempo que la ley le permitía.

Esta tesis fue compartida por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-1443 del 2000, al señalar que el trabajador, en forma libre y sin ninguna clase de presiones, puede adoptar la decisión que más le convenga. Si el empleador omitía esa consulta previa, el despido se consideraba injusto.

En vigencia del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, la justificación de la terminación unilateral ya no depende de la consulta previa al trabajador, sino de que entre la finalización del vínculo y el inicio del disfrute de la pensión no se presente una interrupción en los ingresos del trabajador, en concordancia con la Sentencia C-1037 del 2003.

Finalmente, al Corte recordó los elementos que se deben tener en cuenta para determinar si la terminación del contrato por parte del empleador fue justa o no, en vista de los cambios legislativos:

El motivo de despido contenido en el numeral 14 del literal a) del artículo 7º del Decreto 2351 debe interpretarse en concordancia con lo dispuesto sobre el particular en el régimen pensional de vejez.

La norma complementaria de la causal por aplicar, en cuanto a la especial estabilidad del beneficiario de la pensión, no es la vigente al momento del despido, sino la que está rigiendo para cuando el derecho pensional se causa.

Consejo Superior establece metas de respuesta a usuarios de servicios judiciales

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La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura estableció los niveles máximos de evacuación de procesos judiciales que, se espera, alcanzarán los operadores en las distintas jurisdicciones, entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2014. Sigue leyendo