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Aclaran enajenación y colocación de acciones en SAS, cuando carecen de regulación por estatutos

Management Meeting

El artículo 45 de la Ley 1258 del 2008, por medio de la cual se creó la sociedad por acciones simplificada (SAS), ordena la remisión de los asuntos no previstos en ella a las normas especiales que regulan las sociedades anónimas.

Por lo tanto, a temas como la colocación o la enajenación de acciones, no previstos en esa ley, se les aplican las reglas previstas en el ordenamiento mercantil, a menos que el asunto se haya regulado en el documento de constitución o posterior reforma de la SAS.

Si las cláusulas sociales no prevén nada al respecto, la negociación de las acciones del accionista único debe cumplir los requisitos del artículo 406 del Código de Comercio, que exige el acuerdo entre las partes para llevar a cabo la operación, la cual deberá registrarse en el libro de accionistas, momento a partir del cual la persona natural o jurídica adquiere esa calidad. Después de esto, se expiden los títulos respectivos.

Otra posibilidad es la colocación de acciones dirigida a nuevos inversionistas, evento en el que se debe observar lo previsto en los artículos 384 y siguientes del Código de Comercio.

En este caso, si la sociedad tiene suficientes acciones en reserva, el accionista único expedirá el reglamento de suscripción, cuyas condiciones pueden ser diferentes a lo establecido en el Código de Comercio, ya que, para las SAS, el plazo para la cancelación de las acciones suscritas puede ser hasta de dos años, según el artículo 9º de la Ley 1258.

Si la compañía carece de dichas acciones, deberá darse un aumento de capital autorizado antes de la expedición del reglamento, decisión que será adoptada por el accionista único, constará en documento privado y se inscribirá en la cámara de comercio.

Sancionan ley contra la violencia sexual con ocasión del conflicto armado

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Conductas como el acceso carnal abusivo en menor de 14 años, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, la trata de personas con fines de explotación sexual, la esterilización, el embarazo, la desnudez y el aborto forzados en personas protegidas estarán incluidas en el Código Penal (Ley 599 del 2000).

Así lo indicó el presidente de la República, Juan Manuel Santos, al sancionar la ley para combatir la violencia sexual cometida con ocasión del conflicto armado, que adiciona varios artículos al título segundo del código.

La interrupción forzada del embarazo, por ejemplo, se castigará con prisión de 160 a 324 meses. Igual pena se aplicará a la prostitución, la esclavitud y el aborto en ese mismo contexto.

Como garantía para las víctimas, la Fiscalía no podrá condicionar el caso a la presentación de pruebas físicas. Además, los funcionarios que incumplan sus obligaciones de protección de los derechos de los afectados responderán por dichas conductas, ante los tribunales y juzgados competentes.

En los casos que involucren violencia sexual, el fiscal, el juez o el magistrado deberán actuar con la debida diligencia y utilizar plenamente sus facultades oficiosas en la investigación, para evitar que haya impunidad.

Si un hecho de violencia sexual ocurre de manera sistemática o generalizada contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque, tendrá el carácter de delito de lesa humanidad.

Por último, la norma establece que las víctimas de violencia sexual tendrán derecho a la reparación integral. Por lo tanto, los jueces deberán reconocer e identificar a las víctimas directas e indirectas, e individualizar los daños y perjuicios, materiales e inmateriales, individuales y colectivos, causados por estos hechos.

Esta es la evolución jurisprudencial de la justa causa de despido por reconocimiento pensional

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La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia reiteró que la causal de despido por reconocimiento pensional, prevista en el numeral 14 del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, no puede ser interpretada como justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del empleador.

La corporación explicó que esta norma no está vigente en los mismos términos en los que se expidió, pues fue modificada por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 19 del Decreto 692 de 1994.

En este sentido, recordó cuál ha sido la evolución jurisprudencial sobre la justa causa de despido consistente en el reconocimiento de la pensión, contenida en el numeral 14 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.

Antes de la Ley 100, la Sala sostenía que el empleador podía dar por terminado el contrato de trabajo cuando, estando el trabajador al servicio de la empresa, se le hubiera reconocido la pensión. Esto implicaba que se tuviera la seguridad de que podía percibir su mesada desde el día siguiente a su desvinculación.

Posteriormente, a la luz del parágrafo 3º del artículo 33 de la Ley 100, señaló que el afiliado podía seguir laborando y cotizando cinco años más, luego de reunir los requisitos para la pensión de vejez. Además, determinó que, para hacer uso de esta causal, el empleador debía consultar previamente al trabajador si era su voluntad pensionarse o prefería seguir vinculado laboralmente y cotizando por el tiempo que la ley le permitía.

Esta tesis fue compartida por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-1443 del 2000, al señalar que el trabajador, en forma libre y sin ninguna clase de presiones, puede adoptar la decisión que más le convenga. Si el empleador omitía esa consulta previa, el despido se consideraba injusto.

En vigencia del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, la justificación de la terminación unilateral ya no depende de la consulta previa al trabajador, sino de que entre la finalización del vínculo y el inicio del disfrute de la pensión no se presente una interrupción en los ingresos del trabajador, en concordancia con la Sentencia C-1037 del 2003.

Finalmente, al Corte recordó los elementos que se deben tener en cuenta para determinar si la terminación del contrato por parte del empleador fue justa o no, en vista de los cambios legislativos:

El motivo de despido contenido en el numeral 14 del literal a) del artículo 7º del Decreto 2351 debe interpretarse en concordancia con lo dispuesto sobre el particular en el régimen pensional de vejez.

La norma complementaria de la causal por aplicar, en cuanto a la especial estabilidad del beneficiario de la pensión, no es la vigente al momento del despido, sino la que está rigiendo para cuando el derecho pensional se causa.

Consejo Superior establece metas de respuesta a usuarios de servicios judiciales

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La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura estableció los niveles máximos de evacuación de procesos judiciales que, se espera, alcanzarán los operadores en las distintas jurisdicciones, entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2014. Sigue leyendo

Solo la jurisdicción ordinaria puede juzgar hechos constitutivos de desaparición forzada

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La jurisdicción ordinaria es la única que puede juzgar a los responsables de hechos constitutivos de desaparición forzada, con exclusión de cualquier jurisdicción especial, ya sea la penal militar o la indígena. Así lo señaló la Corte Constitucional, en una sentencia publicada recientemente. Sigue leyendo

Política diferenciada para presos con discapacidades.

ruth Marina Diaz Rueda

La Corte Constitucional exhortó al Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria a que elabore una política diferenciada dirigida a los reclusos que padezcan discapacidades, en cumplimiento del Manual de prisioneros con necesidades especiales de las Naciones Unidas.

En el fallo, publicado recientemente, el alto tribunal también requirió a la Defensoría del Pueblo para que ofrezca la debida capacitación a los defensores de oficio, con el fin de defender las garantías procesales de estos internos. Sigue leyendo

Perfil profesional de Ruth Marina Díaz Rueda

Ruth Marina Díaz Rueda

Ruth Marina Díaz Rueda

El perfil de Ruth Marina Díaz Rueda está fundamentado en tres pilares esenciales:

  •  Su formación científica.
  • Su conocimiento experto del Derecho.
  • Su sentido de la Justicia y la equidad.

Para el desarrollo adecuado de estos tres pilares Ruth Marina Díaz Rueda posee conocimiento y destrezas metodológicas adecuadas De esta forma:  Sigue leyendo