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Exequible equiparación de contratistas y contratantes en regulación de accidentes de trabajo

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En la regulación de los accidentes de trabajo, la equiparación de las personas que tienen contrato laboral con las que carecen de él se limita a ese campo y no supone una paridad absoluta entre los contratistas independientes y los trabajadores subordinados.

Por esta razón, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 3º (parcial) de la Ley 1564 del 2012, que reconoce a “contratista” y “contratante” como beneficiarios de la protección contra los riesgos laborales.

La corporación precisó que la ampliación de la cobertura garantiza el acceso de un mayor número de personas a la protección por las contingencias que su labor les pueda ocasionar, sin distinguir la forma de vinculación contractual.

Por esa razón, el trato igual dado a los trabajadores dependientes y a los contratistas independientes en materia de cubrimiento de riesgos labores está plenamente justificado.

Según los demandantes, la norma acusada violaba la especial protección del derecho al trabajo contenida en el artículo 25 de la Constitución, y trasgredía la jurisprudencia de la Corte Constitucional que estableció las diferencias entre la protección del trabajo subordinado y el independiente.

El magistrado Luis Ernesto Vargas salvó el voto, por considerar que ninguno de los planteamientos de la demanda reunía los requisitos para activar el control de constitucionalidad. Por su parte, los magistrados María Victoria Calle y Alberto Rojas anunciaron la presentación de aclaraciones de voto.

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No ejecutar contrato por mutuo acuerdo entre las partes diluye inhabilidad para ser elegido

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Si un candidato a concejal celebra un contrato con la autoridad civil que aspira a representar dentro de los 12 meses anteriores a la elección, pero las partes deciden no ejecutarlo, se diluye el factor inhabilitante, aclaró el Consejo de Estado.

Por lo tanto, aunque el artículo 43 de la Ley 136 de 1994 limite la celebración de tales contratos, no habrá lugar a decretar la nulidad del acto de elección, si se demuestra el consenso entre las partes para no ejecutar lo acordado.

A juicio del alto tribunal, esta actuación de las partes supone retrotraerse a la situación vigente antes de la celebración del convenio, es decir, al momento en que no se había producido.

Esto, explica la sentencia, “trae como consecuencia su invalidación; que se ‘deshace’ lo firmado; que las obligaciones quedan ‘extinguidas’; que se ‘desanudan’ los vínculos jurídicos; que se ‘revoque’, ‘disuelva’ e ‘invalide’ la disposición de intereses”.

Dicha postura, contraria a la hasta ahora predominante en la Sección Quinta, se sustenta en el artículo 1602 del Código Civil, que se refiere al mutuo consenso como lo única manera para invalidar el contrato. Además, el artículo 1625 del mismo código permite que se extingan las obligaciones asumidas por las partes, a través de una convención válidamente firmada por estas.

Lo anterior “significa que el contrato puede ser invalidado por mutuo consentimiento, también conocido por la doctrina como mutuo disenso, distracto contractual o resciliación, válidamente manifestado por las partes actoras en una relación de índole obligacional”, sostuvo el alto tribunal.

Aclaran enajenación y colocación de acciones en SAS, cuando carecen de regulación por estatutos

Management Meeting

El artículo 45 de la Ley 1258 del 2008, por medio de la cual se creó la sociedad por acciones simplificada (SAS), ordena la remisión de los asuntos no previstos en ella a las normas especiales que regulan las sociedades anónimas.

Por lo tanto, a temas como la colocación o la enajenación de acciones, no previstos en esa ley, se les aplican las reglas previstas en el ordenamiento mercantil, a menos que el asunto se haya regulado en el documento de constitución o posterior reforma de la SAS.

Si las cláusulas sociales no prevén nada al respecto, la negociación de las acciones del accionista único debe cumplir los requisitos del artículo 406 del Código de Comercio, que exige el acuerdo entre las partes para llevar a cabo la operación, la cual deberá registrarse en el libro de accionistas, momento a partir del cual la persona natural o jurídica adquiere esa calidad. Después de esto, se expiden los títulos respectivos.

Otra posibilidad es la colocación de acciones dirigida a nuevos inversionistas, evento en el que se debe observar lo previsto en los artículos 384 y siguientes del Código de Comercio.

En este caso, si la sociedad tiene suficientes acciones en reserva, el accionista único expedirá el reglamento de suscripción, cuyas condiciones pueden ser diferentes a lo establecido en el Código de Comercio, ya que, para las SAS, el plazo para la cancelación de las acciones suscritas puede ser hasta de dos años, según el artículo 9º de la Ley 1258.

Si la compañía carece de dichas acciones, deberá darse un aumento de capital autorizado antes de la expedición del reglamento, decisión que será adoptada por el accionista único, constará en documento privado y se inscribirá en la cámara de comercio.

Sancionan ley contra la violencia sexual con ocasión del conflicto armado

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Conductas como el acceso carnal abusivo en menor de 14 años, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, la trata de personas con fines de explotación sexual, la esterilización, el embarazo, la desnudez y el aborto forzados en personas protegidas estarán incluidas en el Código Penal (Ley 599 del 2000).

Así lo indicó el presidente de la República, Juan Manuel Santos, al sancionar la ley para combatir la violencia sexual cometida con ocasión del conflicto armado, que adiciona varios artículos al título segundo del código.

La interrupción forzada del embarazo, por ejemplo, se castigará con prisión de 160 a 324 meses. Igual pena se aplicará a la prostitución, la esclavitud y el aborto en ese mismo contexto.

Como garantía para las víctimas, la Fiscalía no podrá condicionar el caso a la presentación de pruebas físicas. Además, los funcionarios que incumplan sus obligaciones de protección de los derechos de los afectados responderán por dichas conductas, ante los tribunales y juzgados competentes.

En los casos que involucren violencia sexual, el fiscal, el juez o el magistrado deberán actuar con la debida diligencia y utilizar plenamente sus facultades oficiosas en la investigación, para evitar que haya impunidad.

Si un hecho de violencia sexual ocurre de manera sistemática o generalizada contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque, tendrá el carácter de delito de lesa humanidad.

Por último, la norma establece que las víctimas de violencia sexual tendrán derecho a la reparación integral. Por lo tanto, los jueces deberán reconocer e identificar a las víctimas directas e indirectas, e individualizar los daños y perjuicios, materiales e inmateriales, individuales y colectivos, causados por estos hechos.

Esta es la evolución jurisprudencial de la justa causa de despido por reconocimiento pensional

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La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia reiteró que la causal de despido por reconocimiento pensional, prevista en el numeral 14 del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, no puede ser interpretada como justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del empleador.

La corporación explicó que esta norma no está vigente en los mismos términos en los que se expidió, pues fue modificada por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 19 del Decreto 692 de 1994.

En este sentido, recordó cuál ha sido la evolución jurisprudencial sobre la justa causa de despido consistente en el reconocimiento de la pensión, contenida en el numeral 14 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.

Antes de la Ley 100, la Sala sostenía que el empleador podía dar por terminado el contrato de trabajo cuando, estando el trabajador al servicio de la empresa, se le hubiera reconocido la pensión. Esto implicaba que se tuviera la seguridad de que podía percibir su mesada desde el día siguiente a su desvinculación.

Posteriormente, a la luz del parágrafo 3º del artículo 33 de la Ley 100, señaló que el afiliado podía seguir laborando y cotizando cinco años más, luego de reunir los requisitos para la pensión de vejez. Además, determinó que, para hacer uso de esta causal, el empleador debía consultar previamente al trabajador si era su voluntad pensionarse o prefería seguir vinculado laboralmente y cotizando por el tiempo que la ley le permitía.

Esta tesis fue compartida por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-1443 del 2000, al señalar que el trabajador, en forma libre y sin ninguna clase de presiones, puede adoptar la decisión que más le convenga. Si el empleador omitía esa consulta previa, el despido se consideraba injusto.

En vigencia del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, la justificación de la terminación unilateral ya no depende de la consulta previa al trabajador, sino de que entre la finalización del vínculo y el inicio del disfrute de la pensión no se presente una interrupción en los ingresos del trabajador, en concordancia con la Sentencia C-1037 del 2003.

Finalmente, al Corte recordó los elementos que se deben tener en cuenta para determinar si la terminación del contrato por parte del empleador fue justa o no, en vista de los cambios legislativos:

El motivo de despido contenido en el numeral 14 del literal a) del artículo 7º del Decreto 2351 debe interpretarse en concordancia con lo dispuesto sobre el particular en el régimen pensional de vejez.

La norma complementaria de la causal por aplicar, en cuanto a la especial estabilidad del beneficiario de la pensión, no es la vigente al momento del despido, sino la que está rigiendo para cuando el derecho pensional se causa.

Anuncian archivo de reforma ordinaria a la salud

salud

La Cámara de Representantes anunció que el proyecto de reforma ordinaria a la salud (P. L. 210/13S-147/13C) será archivado, por falta de trámite.

La iniciativa esperaba ponencia positiva para penúltimo debate en la Comisión Séptima, sin embargo, hasta ayer se habían radicado tres ponencias negativas. Al respecto, la representante Gloria Stella Díaz sostuvo que esta es una “victoria” para los ciudadanos, pues en nada se solucionaban los problemas del sistema. Sigue leyendo

Falta de prueba de norma local no impide analizar de fondo la demanda

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La prueba de una norma local, prevista en el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), se justifica porque, anteriormente, no existían medios que le permitieran al juez tener acceso a la normativa expedida por las asambleas departamentales y los concejos municipales. Sigue leyendo