Archivo de la categoría: ruth marina diaz

Eligen nuevos cuadros directivos en las comisiones de la Cámara

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Las nuevas mesas directivas están integradas principalmente por partidos de la Unidad Nacional. Consuelo González fue nombrada secretaría de la Comisión Cuarta.
Con la instalación y conformación de los cuadros directivos de las comisiones constitucionales y legales por parte del presidente de la Corporación, Fabio Amín, arrancó formalmente el proceso legislativo y de control político en la Cámara de Representantes para el primer periodo constitucional 2014 – 2015.

En la Comisión Primera el representante del Partido de la U Jaime Buenahora Cordero fue elegido presidente y como vicepresidente el congresista liberal del Norte de Santander José Neftalí Santos y para la secretaria general la ingeniera de sistemas Amparo Calderón. El huilense Álvaro Hernán Prada Artunduaga hace parte de esta comisión dedicada a asuntos constitucionales.

La Comisión Segunda quedó integrado por el liberal de Arauca Pedro de Jesús Orjuela Gómez en la presidencia, Alirio Uribe Muñoz del Polo Democrático por Bogotá, vicepresidente y secretario general Benjamín Niño Flórez.

En la presidencia de la Comisión Tercera fue escogido el representante del Partido de la U Raimundo Elías Méndez Bechara, con la vicepresidencia de la ingeniera industrial liberal por Bogotá Olga Lucía Velásquez Nieto y en la Secretaría General la abogada Elizabeth Martínez.

En la Comisión Cuarta quedó como presidente el representante liberal por Antioquia John Jairo Roldán y vicepresidente Luis Horacio Gallón Arango conservador también por Antioquia y la secretaría de Consuelo González de Perdomo, exrepresentante a la Cámara por el Huila.

En la Quinta, Agro, Mar y Ambiente, el nuevo presidente es el representante liberal por el Vichada Marco Sergio Rodríguez Merchán, vicepresidente la congresista del Partido de la U Nery Oros Ortiz y secretario general David Bettin. Flora Perdomo Andrade integra esta comisión, como también hace parte de la Comisión de la Mujer.

En la Sexta, de Transportes y Comunicaciones, el conservador por el Cesar Alfredo Ape Cuello fue elegido presidente, Martha Patricia Villalba del partido de la U como vicepresidente y Jair Ebrat Díaz secretario general. Los huilenses Jaime Felipe Lozada y Ana María Rincón participan de esta comisión como también de la de Derechos Humanos. Rincón hace parte de la de la Mujer.

En la Séptima, el presidente es el representante del Partido de la U por Risaralda Didier Burgos, vicepresidente Argenys Velásquez Ramírez y secretario general Víctor Raúl Yepes.

Igualmente la Comisión de Acusaciones quedó integrada por el liberal Julián Bedoya como presidente, Berner Zambrano del Partido de la U, vicepresidente y secretario general el abogado Juan Pablo Duque.

En la Legal de Cuentas el representante por el Partido de la U por Boyacá Cristobal Rodríguez como presidente, vicepresidente Diego Patiño Amariles, y en la secretaría el abogado Jaime Sepúlveda.

En la Comisión de Ética fue escogido como presidente el congresista del Partido de la U Jorge Eliécer Tamayo, vicepresidente Óscar de Jesús Hurtado, liberar por el Amazonas y secretaria general María Teresa Gómez Azuero.

Finalmente la Comisión de Ordenamiento Territorial quedo integrada por el representante del Partido de la U Hernán Penagos como presidente, Jack Housni Jaller vicepresidente liberal y Esmeralda Sarria secretaria general.

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Exequible equiparación de contratistas y contratantes en regulación de accidentes de trabajo

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En la regulación de los accidentes de trabajo, la equiparación de las personas que tienen contrato laboral con las que carecen de él se limita a ese campo y no supone una paridad absoluta entre los contratistas independientes y los trabajadores subordinados.

Por esta razón, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 3º (parcial) de la Ley 1564 del 2012, que reconoce a “contratista” y “contratante” como beneficiarios de la protección contra los riesgos laborales.

La corporación precisó que la ampliación de la cobertura garantiza el acceso de un mayor número de personas a la protección por las contingencias que su labor les pueda ocasionar, sin distinguir la forma de vinculación contractual.

Por esa razón, el trato igual dado a los trabajadores dependientes y a los contratistas independientes en materia de cubrimiento de riesgos labores está plenamente justificado.

Según los demandantes, la norma acusada violaba la especial protección del derecho al trabajo contenida en el artículo 25 de la Constitución, y trasgredía la jurisprudencia de la Corte Constitucional que estableció las diferencias entre la protección del trabajo subordinado y el independiente.

El magistrado Luis Ernesto Vargas salvó el voto, por considerar que ninguno de los planteamientos de la demanda reunía los requisitos para activar el control de constitucionalidad. Por su parte, los magistrados María Victoria Calle y Alberto Rojas anunciaron la presentación de aclaraciones de voto.

Certificado de instrumentos públicos acredita derecho real de dominio en procesos contenciosos

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Luego de analizar los antecedentes, las características, la finalidad y el alcance del sistema de registro inmobiliario en Colombia, el Consejo de Estado unificó jurisprudencia acerca de la forma de probar el derecho real de dominio sobre bienes inmuebles dentro de los procesos que cursan en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Según la corporación, el aporte del certificado expedido por el registrador de instrumentos públicos es suficiente para acreditar la propiedad sobre el bien inmueble objeto de debate, para efectos de la legitimación en la causa por activa, cuando sea el demandante quien acuda en calidad de propietario sobre un predio.

De acuerdo con el anterior criterio, para acreditar los derechos reales sobre bienes inmuebles se requiere aportar el título y el modo (escritura pública e inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos), de manera que la falta de alguno de estos elementos se interpretaba como la propiedad no probada.

La corporación recordó que uno de los principios que debe guiar la actividad registral es el de legalidad y, en este sentido, corresponde al registrador examinar y calificar tanto el título como el folio registral sobre el cual recae el respectivo inmueble. Por lo tanto, solo cuando observa que la inscripción se ajusta a la ley, debe autorizarla o, de lo contrario, negarla.

En el mismo sentido, citó el principio de fe pública luego de analizar los antecedentes, las características, la finalidad y el alcance del sistema de registro inmobiliario en Colombia, el Consejo de Estado unificó jurisprudencia acerca de la forma de probar el derecho real de dominio sobre bienes inmuebles dentro de los procesos que cursan en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Según la corporación, el aporte del certificado expedido por el registrador de instrumentos públicos es suficiente para acreditar la propiedad sobre el bien inmueble objeto de debate, para efectos de la legitimación en la causa por activa, cuando sea el demandante quien acuda en calidad de propietario sobre un predio.

De acuerdo con el anterior criterio, para acreditar los derechos reales sobre bienes inmuebles se requiere aportar el título y el modo (escritura pública e inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos), de manera que la falta de alguno de estos elementos se interpretaba como la propiedad no probada.

La corporación recordó que uno de los principios que debe guiar la actividad registral es el de legalidad y, en este sentido, corresponde al registrador examinar y calificar tanto el título como el folio registral sobre el cual recae el respectivo inmueble. Por lo tanto, solo cuando observa que la inscripción se ajusta a la ley, debe autorizarla o, de lo contrario, negarla.

En el mismo sentido, citó el principio de fe pública registral, que consiste en la presunción de veracidad y legalidad del adquirente o tercero respecto del registro, pues este se reconoce como exacto y protege la adquisición del bien, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Así las cosas, la exigencia de presentar tanto la escritura como la constancia del registro para acreditar la legitimación en la causa por activa desconoce la presunción de legalidad que se genera y debe observarse a partir de la expedición del acto de inscripción.

De todas formas, el Consejo aclaró que el cambio jurisprudencial adoptado solo es aplicable cuando se adelanten procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y se pretenda acreditar la propiedad de un inmueble. Si lo que se discute es la existencia, validez o eficacia del título, cumplimiento del contrato o existe conflicto sobre quién tiene mejor derecho, debe adjuntarse la escritura o el título y acudir ante la autoridad judicial correspondiente.

Los magistrados Olga Mélida Valle, Ramiro Pazos y Enrique Gil aclararon el voto. Por su parte, Stella Conto presentó un salvamento parcial., que consiste en la presunción de veracidad y legalidad del adquirente o tercero respecto del registro, pues este se reconoce como exacto y protege la adquisición del bien, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Así las cosas, la exigencia de presentar tanto la escritura como la constancia del registro para acreditar la legitimación en la causa por activa desconoce la presunción de legalidad que se genera y debe observarse a partir de la expedición del acto de inscripción.

De todas formas, el Consejo aclaró que el cambio jurisprudencial adoptado solo es aplicable cuando se adelanten procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y se pretenda acreditar la propiedad de un inmueble. Si lo que se discute es la existencia, validez o eficacia del título, cumplimiento del contrato o existe conflicto sobre quién tiene mejor derecho, debe adjuntarse la escritura o el título y acudir ante la autoridad judicial correspondiente.

Los magistrados Olga Mélida Valle, Ramiro Pazos y Enrique Gil aclararon el voto. Por su parte, Stella Conto presentó un salvamento parcial.

Sancionan ley contra la violencia sexual con ocasión del conflicto armado

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Conductas como el acceso carnal abusivo en menor de 14 años, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, la trata de personas con fines de explotación sexual, la esterilización, el embarazo, la desnudez y el aborto forzados en personas protegidas estarán incluidas en el Código Penal (Ley 599 del 2000).

Así lo indicó el presidente de la República, Juan Manuel Santos, al sancionar la ley para combatir la violencia sexual cometida con ocasión del conflicto armado, que adiciona varios artículos al título segundo del código.

La interrupción forzada del embarazo, por ejemplo, se castigará con prisión de 160 a 324 meses. Igual pena se aplicará a la prostitución, la esclavitud y el aborto en ese mismo contexto.

Como garantía para las víctimas, la Fiscalía no podrá condicionar el caso a la presentación de pruebas físicas. Además, los funcionarios que incumplan sus obligaciones de protección de los derechos de los afectados responderán por dichas conductas, ante los tribunales y juzgados competentes.

En los casos que involucren violencia sexual, el fiscal, el juez o el magistrado deberán actuar con la debida diligencia y utilizar plenamente sus facultades oficiosas en la investigación, para evitar que haya impunidad.

Si un hecho de violencia sexual ocurre de manera sistemática o generalizada contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque, tendrá el carácter de delito de lesa humanidad.

Por último, la norma establece que las víctimas de violencia sexual tendrán derecho a la reparación integral. Por lo tanto, los jueces deberán reconocer e identificar a las víctimas directas e indirectas, e individualizar los daños y perjuicios, materiales e inmateriales, individuales y colectivos, causados por estos hechos.

Consejo Superior establece metas de respuesta a usuarios de servicios judiciales

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La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura estableció los niveles máximos de evacuación de procesos judiciales que, se espera, alcanzarán los operadores en las distintas jurisdicciones, entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2014. Sigue leyendo

Anuncian archivo de reforma ordinaria a la salud

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La Cámara de Representantes anunció que el proyecto de reforma ordinaria a la salud (P. L. 210/13S-147/13C) será archivado, por falta de trámite.

La iniciativa esperaba ponencia positiva para penúltimo debate en la Comisión Séptima, sin embargo, hasta ayer se habían radicado tres ponencias negativas. Al respecto, la representante Gloria Stella Díaz sostuvo que esta es una “victoria” para los ciudadanos, pues en nada se solucionaban los problemas del sistema. Sigue leyendo

Falta de prueba de norma local no impide analizar de fondo la demanda

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La prueba de una norma local, prevista en el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), se justifica porque, anteriormente, no existían medios que le permitieran al juez tener acceso a la normativa expedida por las asambleas departamentales y los concejos municipales. Sigue leyendo